jueves 17/6/21

Aprobada la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia

* Por  Marian Aretio - Trabajadora social - Secretaria general ACOHA

* La mitad de los agresores sexuales a niños y niñas son un miembro de su familia. El 64% de las víctimas de agresiones sexuales tienen menos de 12 años.

* Su principal logro debe ser “la promoción de un cambio cultural que implique un rechazo unánime e inequívoco de toda la ciudadanía a cualquier forma de violencia” contra los niños (Ione Bellara, ministra de Derechos Sociales)

 950 niño
950 niño

El Congreso de los Diputados ha aprobado ayer esta ley orgánica - pionera en España y en el ámbito internacional, - con la que quiere proteger a los niños y adolescentes frente a todos los tipos de maltrato que sufren los menores.  

Una violencia ejercida contra los niños que continúa siendo invisibilidad, en gran medida, porque muchos casos no se denuncian, y los que se denuncian -tan sólo una punta del iceberg -, muestran una realidad escalofriante: según datos del Ministerio del Interior, en el año 2019 se produjeron más de 40.000 delitos contra menores, y cerca de la mitad de los cometidos contra la libertad sexual, tuvieron a un niño o adolescente como víctima.

Para hacer frente a esta lacra, la ley se ha dotado de un total de 61 artículos en los que destacan medidas de prevención, sensibilización, detección y reparación:

Una de sus principales novedades es la ampliación de la prescripción de los delitos graves, entre ellos, los abusos sexuales, que no empezará a contar hasta que la víctima cumpla 35 años (y no 18 como ocurre actualmente), facilitando a las víctimas romper su silencio y afrontar la vía judicial.

Para menores de 14 años y con discapacidad, se establece como obligatoria la llamada prueba preconstituida, lo que significa que se grabará su testimonio narrado una vez en la fase de instrucción para usarlo en todo el proceso y evitar que el menor declare cada vez – hasta en cuatro ocasiones- reviviendo una y otra vez lo sucedido, provocándoles un daño añadido.

Entre las enmiendas incorporadas por el Senado, se encuentra la prohibición de los desnudos integrales y exploración genital de menores que migran a España solos, como método para determinar su edad. Un procedimiento por el que nuestro país ha sido recientemente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, a raíz del caso de Arcange, una niña que llegó sola desde Camerún huyendo de la violencia sexual que sufría en su entorno familiar.

La ley recoge también que los menores “deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten”, debiendo ser escuchados “en todos los procedimientos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia y la reparación de las víctimas".

La protección a la imagen de los menores fallecidos/asesinados incluye la obligación de requerir la “autorización expresa de los progenitores”.

Aunque esta ley no blinda del todo la prohibición de las visitas entre menores y padres investigados por violencia de género, sí prevé medidas para impedirlas. Para ello establece que en los casos en los que haya una orden de protección en vigor y existan "indicios fundados" de que los hijos "hubieran presenciado, sufrido o convivido" con la violencia de género sufrida por sus madres, el juez deberá suspender las visitas, la estancia y la comunicación. Solo si la parte acusada se opone, el juez emitirá una resolución motivando su denegación, previa evaluación de la relación paterno filial.

La retirada obligatoria de la patria potestad a los progenitores en los casos de menores asesinados, es uno de los mayores logros conseguidos en esta ley, estableciendo, además, la pérdida de la patria potestad del resto de los menores -si los tuviera-, en el caso de que la víctima sea uno de los hijos. Asimismo, si durante el proceso se advierten "indicios fundados" de violencia machista, los magistrados podrán impedir la guardia y custodia compartida del menor.

La violencia vicaria -la que se ejerce contra los hijos e hijas en contextos de violencia de género, - pasa a incluirse en la Ley Integral de Violencia de Género, garantizando que estos menores sean atendidos psicológicamente aunque sus madres no hayan interpuesto denuncia, pero estén siendo asistidas en servicios especializados de violencia machista.

Todos los centros educativos – al igual que los centros deportivos y de ocio, - deberán contar con protocolos contra el abuso, el maltrato, el acoso o la violencia, e incorporarán la figura del "coordinador de bienestar" en los centros educativos y la del “delegado de protección” en el caso de los centros deportivos y de ocio, quienes serán los responsables de dar a conocer estos mecanismos y el fomento de planes y medidas contra la violencia.

Necesaria y urgente es la norma que prohíbe el uso de mecanismos de contención mecánica que impliquen la sujeción de niños y adolescentes a camas u objetos muebles, fijos o anclados, en las instituciones y centros de protección de menores. Sin embargo, se mantiene la excepcionalidad de sujetarles las muñecas con “equipos homologados” durante un máximo de una hora.

Dentro de los centros de protección de menores, también será obligatoria la puesta en marcha de protocolos específicos para prevenir y detectar, de forma precoz, cualquier manifestación de violencia, especialmente para casos de abusos sexuales, explotación o trata, dotando mecanismos de queja y denuncia "sencillos, accesibles, seguros y confidenciales" de forma que los menores puedan denunciar y “sean tratados sin riesgo de sufrir represalias".

La ley viene a recordar la “obligatoriedad ciudadana” de toda persona de comunicar las situaciones de violencia hacia niños o niñas de las que tenga conocimiento. Este deber se exigirá de manera específica, a aquellos que estén a su cargo o sean responsables de su asistencia y cuidado, tales como docentes, sanitarios o entrenadores.

Otra de las obligaciones que se autoimpone esta ley, es la que obliga a las Administraciones Públicas a promover campañas de sensibilización contra la violencia hacia los menores con el fin de “ concienciar a la sociedad acerca del derecho" que tienen "a recibir un buen trato", debiendo aprobar planes y programas de prevención de la violencia en diferentes ámbitos, incluidos el familiar; con medidas enfocadas, entre otras, a "erradicar el castigo con violencia física o psicológica", promover el buen trato y la "parentalidad positiva".

Para alcanzar el desempeño de estos objetivos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "actuarán como entornos seguros para la infancia y la adolescencia", para lo que contarán "con unidades especializadas en la investigación, prevención y detección" de este tipo de violencia; estableciendo medidas para que "se impida cualquier tipo de contacto directo o indirecto en dependencias policiales" entre el investigado y el menor, y dispensando “un buen trato" al menor "con adaptación del lenguaje y las formas a su edad, grado de madurez y resto de circunstancias personales".

Compartimos la esperanza de la ministra Ione Belarra, al afirmar que “esta ley va a marcar un antes y un después en la protección a la infancia y la adolescencia en nuestro país”.

 

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