La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado a favor de impartir la ERI en centros públicos y en privados concertados. Dos demandas interpuestas en la ciudad de Granada, respondidas con contundencia y buena argumentación por parte del tribunal, ajustadas a la ley y escapando de la arbitrariedad de otras sentencias, culminan con la obligatoriedad de impartir la ERI en los centros educativos donde estudian estos menores para el curso 2021/2022 y siguientes, no en un centro en concreto, sino en aquellos en los que se cumplan los requisitos establecidos.
La primera de ellas, con fallo inicial favorable a la familia y recurrida por la Junta de Andalucía, reconoce el derecho de dos menores a disponer de la ERI en su colegio público, mientras que la segunda, con fallo desfavorable inicialmente e impugnada posteriormente por la familia, ha culminado a favor de la madre demandante reconociendo el derecho de la menor a recibir la ERI en un centro privado concertado.
“ … no se puede olvidar que la obligación de garantizar la enseñanza religiosa corresponde desde 1992 a la administración apelante, que no puede desentenderse de esa obligación de garantía, y lo que resulta de los autos es que al no darse curso a la solicitud formulada en marzo de 2021 incumplió esa obligación. Se desentendió por completo…”
Estas dos sentencias siguen la estela de sendas demandas judiciales iniciadas en La Rioja y posteriormente en Murcia donde las familias han defendido sus derechos ante la desidia de la Administración y la negligencia e inoperancia de la Comisión Islámica de España (CIE).
Un logro que, en este caso, ha contado con el apoyo de la Federación Musulmana de España (Feme) que aportó a la CIE y a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía un listado de candidatos a profesores de ERI para ejercer como docentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El eje central de estas sentencias es la confirmación de la vulneración del derecho fundamental del art. 27.3 CE por parte de la Administración, sobre quien recae la obligación de garantizarlo, debiendo hacer todo cuanto esté en su mano para que los menores que soliciten la ERI, la reciban.
Destaca por su trascendencia, la sentencia que evidencia que el centro escolar en el que está matriculada una de las menores sea de confesión católica, y que tan solo oferte dicha confesión para la materia de enseñanza religiosa; aspecto éste relevante, pues, entra en contradicción con la obligación que contraen todos aquellos centros acogidos a conciertos educativos con la administración, de ajustarse al marco normativo y ofertar todas las confesiones con las que el Estado tiene suscrito acuerdo de cooperación, pues como tal, reciben fondos públicos y asumen el deber de ” garantizar la impartición de la educación básica obligatoria y gratuita”, respetando en todo momento el derecho que tienen los padres a la libre elección de centro.
Otro de los aspectos destacables de las sentencias es que, actualmente, en Andalucía, la ERI solo se imparte en los ciclos de infantil y primaria, y solo en algunos colegios, que no en todos, además de negarla en todos los institutos, algo que la CIE no ha sabido o no ha querido pelear.
No menos importante es la evidente ausencia de la CIE en todo este proceso, obvio desde el mismo momento en que no ha atendido sus obligaciones – y para las que supuestamente recibe ingentes cantidades de dinero público por parte del Estado, 433.130,51 euros para 2022-, como así confirma el tribunal en las sentencias:
“La falta de colaboración entre la Consejería de Educación y la Comisión Islámica de España no puede perjudicar a la solicitante…”
Son tiempos de alegría y satisfacción para las familias que han recorrido este camino, mientras, por su parte, Feme y las demás entidades y federaciones islámicas, deberían velar porque los docentes que proponga la CIE se ajusten a un riguroso proceso de convocatoria pública y selección conforme a la legalidad vigente, y no termine siendo un coladero de contratación de amigos afines y familiares de altos cargos de la CIE.
