La conciencia social y medioambiental apremia a los estados a regular las condiciones de cría y producción animal avanzando en regulaciones que garanticen un óptimo control de los animales destinados al consumo humano.
En este sentido, España limitará la creación de nuevas macrogranjas a un máximo de 850 unidades de ganado mayor (UGM), donde las vacas lecheras cuentan una unidad así como los machos de dos años o más, mientras que las vacas no lecheras inferiores a los dos años computan un 0,8 UGM, los bovinos de seis meses a dos años un 0,7 y los bovinos menores de seis meses, un 0,4 UGM.
Esta medida se adopta ante la “necesidad de dar respuesta a los nuevos retos” planteados en la Política Agraria Común 2023-2027, bajo objetivos específicos medioambientales y sociales relacionados con las demandas de los consumidores, del Green Deal y la Estrategia “De la granja a la mesa”.
El sector bovino es el segundo con mayor peso en España, solo superado por el porcino. Su producción de leche y carne representa el 30% del total de la ganadería española, siendo el cuarto productor de carne en Europa y el séptimo de leche.
Si bien el Gobierno mantiene la obligación de identificar el origen de la leche en el etiquetado de todos los productos que incluyan este ingrediente y se elaboren en España, queda pendiente la creación de un etiquetado de la carne de ganadería extensiva para diferenciarla de la procedente de macrogranjas o explotaciones en régimen intensivo, fuertemente demandado desde hace más de un año por grupos ganaderos a fin de crear un distintivo que permita al consumidor poder elegir sabiendo el manejo y la alimentación recibida por los animales.
En enero de 2022, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) solicitó al Ministerio de Consumo “un sello de calidad” que identificase la carne y productos agrícolas de la ganadería familiar para que los “consumidores puedan conocer de forma fehaciente el origen de los productos que adquieren”
La ganadería extensiva, familiar y social “genera puestos de trabajo y produce arraigo en la población”, frente al modelo de las macrogranjas, es decir “explotaciones que es necesario frenar y limitar para proteger el planeta, el mundo rural y la ganadería”, declaró Alberto Garzón, ministro de Consumo.
“La ganadería social y familiar representa a gran parte del sector y tiene que ser defendida frente a amenazas como las macrogranjas. Siempre hemos señalado, en línea con los mandatos de la Comisión Europea y en línea con la evidencia científica, el enorme coste social, ecológico y económico que produce este modelo de reproducción”, recalcó el ministro.
La demanda de un consumo responsable sabiendo lo que comemos se hizo eco en las redes sociales, y páginas como Change.org han conseguido más de 67.000 firmas.
