El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Servicios Sociales con el que pretende diseñar un catálogo común de prestaciones y servicios sociales que garantice la misma cobertura en todo el territorio español.
Según las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, se trata de “un anteproyecto que consolidará en nuestra legislatura la modernización de los servicios sociales” con una inversión de 875 millones de euros provenientes de los fondos europeos entre 2021 y 2023.
La ley se ha abordado desde el reconocimiento de que todas las personas somos usuarias o potencialmente usuarias de los servicios sociales en algún momento de nuestras vidas, por lo que pretende adaptarse a las necesidades de cada persona.
Una de las novedades que se establecen es la posibilidad de la movilidad territorial, al igual que en el caso de la sanidad, evitando la exclusión en su acceso a la hora de trasladarse de una comunidad autónoma a otra.
Se pretende sentar las bases de un nuevo modelo de servicios sociales alejado de un enfoque asistencialista y centrado únicamente en la emergencia, consolidando unos servicios sociales para el siglo XXI.
Se busca modernizar los servicios y reducir las cargas burocráticas que supongan un uso ineficiente de recursos públicos, así como reconocer la esencialidad de los servicios sociales y el reconocimiento de sus profesionales.
Con el fin de diseñar mejores políticas públicas, se profundizará en las distintas situaciones por las que atraviesa la ciudadanía fomentando la innovación social y la constitución de un sistema de gobernanza colegiada entre las distintas administraciones.
A falta de su aprobación definitiva y desarrollo de sus medidas, celebramos esta iniciativa que, sin duda, fomentará el bienestar social.
